El Gobierno Nacional ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia que investigue el presunto cartel de la salud en el Tolima, revelado en una investigación periodística de EL OLFATO. Según la denuncia, millonarios recursos habrían sido sustraídos de los hospitales públicos del departamento mediante un entramado de contratos irregulares.
Rodolfo Enrique Salas Figueroa, Director Jurídico (E) del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó una denuncia penal contra el exgobernador del Tolima Ricardo Orozco Valero, así como contra otros funcionarios públicos y particulares. La denuncia se basa en presuntas irregularidades en diversos trámites contractuales en el departamento, citando como referencia la investigación publicada el 23 de febrero de 2024 por EL OLFATO. (Ver: Denuncia penal por presunto cartel de contratación en el área de salud en el Departamento del Tolima)
El imperio de los Serna Ramírez bajo la lupa
El artículo titulado “Cartel de la salud III: El imperio de los Serna Ramírez que lograron con Ricardo Orozco” expone cómo Javier Alexander Serna y Rocío Ramírez, propietarios de “Distribuidores Clínicos Hospitalarios”, lograron un inusitado crecimiento económico tras conocer a Carmen Patricia Henao, entonces gerente del Hospital San Rafael del Espinal y cercana al exgobernador Orozco. (Ver: Cartel de la salud III: El imperio de los Serna Ramírez que lograron con Ricardo Orozco)
El crecimiento de la empresa fue notable: pasó de un contrato de $2.400.000 en 2019 a facturar más de $40.000 millones en los últimos seis años. Esta expansión incluyó contratos en importantes centros de salud de Honda, Chaparral, Líbano, Purificación, Lérida, El Espinal y el Hospital Federico Lleras Acosta.
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Contratos millonarios y alianzas estratégicas
Entre las alianzas cuestionadas se destaca la de la Unidad Renal Mario Bran, inaugurada en diciembre de 2020, la cual opera bajo una figura de «alianza estratégica» que permite a Distribuidores Clínicos Hospitalarios recibir entre el 68% y el 85% de la facturación mensual de la unidad. Según los registros de 2024, esta generaba alrededor de $377 millones al mes, es decir, más de $4.500 millones al año.
Otra operación señalada es la de la Unidad de Trauma, delegada a Unitrauma del Tolima IPS SAS, empresa que surgió en 2020 bajo el nombre Servicios y Distribuciones Servidayo SAS y fue transformada en 2021. La unidad opera con un contrato de arrendamiento de 15 años, con un canon mensual de $46.570.000, lo que representa un negocio de $8.382 millones durante toda la vigencia del contrato.
Presuntamente, Unitrauma también estaría bajo el control de los Serna Ramírez a través de familiares y amigos, ampliando aún más la red de influencia en el sistema de salud del departamento.
Investigación en manos de la justicia
El Ministerio de Salud y Protección Social ha instado a las autoridades a actuar con celeridad, señalando que esta denuncia se presenta en el marco de los deberes del servidor público establecidos en la Ley 1952 de 2019. La solicitud de investigar a fondo este presunto cartel de la salud podría derivar en procesos judiciales contra los implicados y en un posible revolcón en la contratación pública del Tolima.
La ciudadanía tolimense, atenta a los resultados de la investigación, espera respuestas concretas frente a lo que podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector salud del departamento. Por ahora, todas las miradas están puestas en la Corte Suprema de Justicia y en su capacidad para desentrañar la verdad tras este polémico caso.